Las comunidades musulmanas de España están presionando a las administraciones públicas para que cumplan la Ley 26/1992, que reconoce el derecho de los musulmanes a tener parcelas reservadas para enterramientos islámicos en los cementerios municipales y a disponer de cementerios propios cuando sea necesario. Confidencial Digital
Desde que Marruecos cerró sus fronteras durante la pandemia de COVID-19, enterrar a un musulmán que fallece en España se ha convertido en una auténtica dificultad para muchas familias, ya que las necrópolis islámicas existentes han tenido que limitar sus servicios a empadronados o residentes en esas localidades concretas. Confidencial Digital
Ante esta situación, las comunidades reclaman que los ayuntamientos implanten cementerios islámicos, incluyan dentro de los camposantos civiles zonas separadas para enterramientos según sus tradiciones o cedan terrenos adecuados para crear maqbaras (cementerios musulmanes). Esta demanda se basa en el Acuerdo de Cooperación entre el Estado español y la Comisión Islámica de España, aprobado por la Ley 26/1992. Confidencial Digital
El aumento de fallecimientos durante la pandemia agravó el problema, y muchas familias han tenido que afrontar gastos elevados para repatriar a sus seres queridos o enterrarlos en nichos y ataúdes, prácticas que contravienen los ritos tradicionales islámicos, que exigen que el cuerpo sea enterrado directamente en la tierra, envuelto en un sudario y orientado hacia La Meca. Confidencial Digital
Las comunidades también han solicitado la mediación del Defensor del Pueblo, que ya ha admitido a trámite una veintena de quejas relacionadas con la falta de cumplimiento de estos derechos. Confidencial Digital
Debido a las restricciones administrativas y sanitarias, como la prohibición en muchas comunidades autónomas de enterrar sin féretro y los estudios hidrogeológicos exigidos, la consecución de espacios adecuados ha sido difícil. Por ello, líderes musulmanes han advertido que, si no se implementan las medidas necesarias, podrían recurrir a la vía judicial para hacer valer sus derechos reconocidos por la ley. Confidencial Digital
El debate también revela tensiones sobre cómo se aplican estos derechos a nivel local, ya que algunos ayuntamientos alegan que sus cementerios son aconfesionales y que los musulmanes pueden ser enterrados, paguen las tasas correspondientes, respetando únicamente los requisitos formales.
