El cierre temporal del cementerio musulmán de Griñón evidenció un vacío legal que afecta directamente a la libertad religiosa de miles de personas en Madrid.
Aunque la normativa reconoce el derecho a recibir sepultura conforme a las creencias religiosas, la falta de espacios habilitados impide su aplicación real. En el caso de Griñón, el cierre se produjo por cuestiones técnicas y administrativas, sin que existiera una alternativa inmediata para los enterramientos islámicos.
Esta situación dejó a numerosas familias sin respuesta, obligándolas a retrasar entierros, asumir elevados costes de repatriación o buscar soluciones lejos de su lugar de residencia.
